En sectores afines al oficialismo se vienen escuchando diferentes mensajes con connotaciones que parecen apuntar a generar en el imaginario colectivo la percepción de que a la actual fuerza gobernante no se la podrá sacar del poder ni con la fuerza de los votos. Confluyen en esos gestos la siembra del miedo en la sociedad, el creciente debilitamiento del derecho de propiedad, los abusos de poder y la sombra de un Estado policíaco.
Las excursiones de los presos enrolados en el Vatayón Militante a mitines políticos; el apoyo oficial a las milicias populares de Tupac Amaru en el Norte; la sospechosa pasividad frente a la destructiva acción de los Dragones en el Sur; la infiltración de La Cámpora en las escuelas y sus campañas de adoctrinamiento; las operaciones contra los gobiernos de Daniel Scioli y Mauricio Macri tendientes al ahogo financiero de sus administraciones y a su esmerilamiento; los incidentes provocados en Córdoba para castigar las posiciones críticas del gobernador José Manuel de la Sota hacia la Casa Rosada; las expropiaciones expré s; el proyecto de abrir los countries y barrios cerrados, y el llamativo homenaje de la presidenta Cristina Kirchner a Envar El Kadri, precursor de la guerrilla peronista y fundador de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) van en un mismo sentido.
Difícilmente cualquiera de esos episodios arrimen más votos al partido gobernante. Algo de lo cual da cuenta la fuerte caída de la imagen presidencial producida en las últimas semanas. Tampoco esas señales de radicalización ayudan a la economía del país; por el contrario, ahuyentan inversores, al tiempo que esta reticencia a invertir empuja aún más al Gobierno hacia posiciones cada vez más extremas.
Del incipiente cepo cambiario que comenzó a tomar forma pocos días después de las últimas elecciones presidenciales se ha avanzado hacia una maraña de medidas de dudosa legalidad orientadas a tener bajo control ya no al dólar, sino a 40 millones de argentinos asfixiados por los abusos de un Estado policíaco que pretende mostrarse eficaz para vigilar a ciudadanos comunes y corrientes que buscan hacerse de un puñado de dólares, pero que es estéril ante los verdaderos delincuentes.
¿Qué hay detrás de este extremismo? Un grupo gobernante convencido de que el éxito de su proyecto de poder precisa de la provocación a ciertos sectores sociales o económicos, y del aumento de la conflictividad. La siembra del odio, que es siempre inmoral, se asocia con una lógica perversa, que considera que mejor que buscar consensos amplios traducibles en políticas de Estado es avanzar hacia la profundización de divisiones y de disputas con tinte ideológico.
El ex funcionario del primer gobierno kirchnerista Julio Bárbaro se refirió críticamente al Gobierno: "Han hecho del odio al enemigo el motor de la historia. El problema de la izquierda es que nunca estuvo preocupada por ayudar a los pobres, sino sólo por joder a los ricos". El escritor Jorge Asís aportó otra irónica definición: "Con la izquierda adentro, controlada, se puede robar mejor".
El extremismo cristinista también se explica a partir del filósofo Ernesto Laclau, uno de los autores de cabecera de la primera mandataria, que convirtió la noción de populismo en un rasgo positivo de la política. Según Laclau, la política, más que la convivencia entre ideas plurales, es una lucha entre discursos hegemónicos donde es necesario que uno se imponga sobre otro. La conclusión que se infiere es que para avanzar en un proyecto supuestamente revolucionario es necesario dividir a la sociedad en dos.
En los últimos días, Laclau puso de manifiesto su desprecio por las instituciones. En una entrevista concedida al diario oficialista Tiempo Argentino, afirmó: "La defensa del orden institucional a cualquier precio, su transformación en un fetiche al que se rinde pleitesía desconectándolo del campo social que lo hizo posible, es la que gobierna al discurso antipopulista de los sectores dominantes".
Más allá de estas interpretaciones sobre el extremismo cristinista, uno puede preguntarse cuál es el rédito electoral que le depararían al oficialismo gestos que parecen ser rechazados por una vasta porción de la ciudadanía, como la salida de presos, el adoctrinamiento en las escuelas o las persecuciones cambiarias contra cualquier vecino. Del mismo modo, cabe preguntarse qué puede llevar a un gobierno a imponerle una tan severa como injustificada sanción a una asociación civil como Consumidores Libres por difundir sus relevamientos sobre precios.
Una de las respuestas posibles es que semejantes manifestaciones de brutalidad por parte de nuestros gobernantes tienden a sostener la idea de que son poderosos y de que pueden hacer lo que quieran. Desde manipular estadísticas oficiales de igual forma en que, en épocas lejanas, se apelaba al "fraude patriótico", hasta cerrar filas para proteger a un funcionario acosado por la realidad como Amado Boudou. Y, por supuesto, llenar de militantes las oficinas públicas, previo despido de cualquier profesional independiente.
El desplazamiento en la Unidad de Información Financiera (UIF) de técnicos especializados en lavado de dinero por militantes y allegados a su titular, José Sbattella, es otro indicador de esta política y de un gobierno que parece hacer la vista gorda ante grandes delitos económicos o ante el tráfico de influencias del que pueden beneficiarse sus funcionarios. La verdadera preocupación oficial parece pasar por otro lado. De ella dio cuenta el propio Sbattella, cuando meses atrás admitió que en la nueva ley antiterrorista había atajos para perseguir a periodistas que difundieran informaciones capaces de provocar retiros masivos de depósitos bancarios o alarma en el mercado financiero.
El proyecto Cristina 2015 encontró una barrera. Unió en su contra a gran parte de la adormecida oposición. No es muy difícil: sobre una veintena de países latinoamericanos, apenas dos de ellos contemplan la posibilidad de más de dos períodos presidenciales consecutivos, Cuba y Venezuela. La re-reelección sería otro escalón para la transformación del neokirchnerismo o cristinismo en crischavismo.
Pero el cristinismo es a menudo más rápido de reflejos que la oposición. Así como encontró en el 0-800 de Macri para denunciar adoctrinamiento partidario en las escuelas una excusa para volver a criticar a "la derecha", halló en el impulso al proyecto de ley propiciatorio del voto a partir de los 16 años una forma de dividir a la dirigencia opositora.
Es muy probable que la iniciativa termine convirtiéndose en ley. Aun así, no estaría de más tener presente que, lejos de ser una demanda de la sociedad o de los propios jóvenes, la ampliación del derecho al sufragio parece haber surgido exclusivamente de un sector político. Tampoco estaría de más tener en cuenta que, de acuerdo con estudios de opinión pública de Jorge Giacobbe, aproximadamente el 50% de los argentinos empadronados no se presentaría a votar si el sufragio no fuese obligatorio, un porcentaje que crece entre los más pobres y los más jóvenes por su tendencia a creer que, gane quien gane, nunca serán beneficiados. Un criterio diferente del imperante en los Estados Unidos, donde quienes se abstienen de votar esgrimen que, gane quien gane, no resultarán perjudicados. El dato es revelador de que, en la Argentina, la ciudadanía no confía en sus dirigentes..
Por Fernando Laborda
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