“Existen pocas cosas más difíciles que abrir una brecha en el corazón de un corrupto”. S.S. Francisco
El innegable éxito de la marcha del 18 -más allá de los disparatados dichos del oficialismo, que ni siquiera tuvo el decoro de llamarse a silencio- sirvió para dar a fiscales y jueces el impulso final que necesitaban para avanzar definitivamente contra el poder corrupto que nos gobierna desde ya hace trece años. Las amenazas vertidas por el Secretario General de la Presidencia el viernes, sin duda por orden de Cristina, fueron una comprobación directa de la preocupación que embarga al Gobierno; al decir "Que no se les ocurra hacer ningún gesto que pretenda desestabilizar al Gobierno porque las situaciones van a ser muy malas", Aníbal Fernández puso, literalmente, a la Presidente fuera de la ley, ya que cualquier investigación que progrese será considerada "destituyente".
En las horas siguientes, la antes remisa Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal confirmó el procesamiento del Vicepresidente de la República y de sus cómplices en la causa por la apropiación -en favor de los Kirchner, como se terminará probando- y ratificó a Claudio Bonadío como juez en la causa Hotesur, que involucra, directa e ineludiblemente, a toda la familia presidencial; con ese respaldo, el magistrado citará próximamente a Máximo, el hijo de la Presidente, a prestar declaración indagatoria; ¿cuál será la reacción psíquica de Cristina cuando esto suceda? La Justicia de Estados Unidos ordenó liberar al menos parte de la información sobre las 127 empresas atribuidas a Lázaro Báez, el gran testaferro presidencial, acusado de lavado de dinero proveniente de la corrupción; seguramente, en los próximos días esas revelaciones constituirán nuevos frentes de conflicto para la noble viuda.
Pero, para el Gobierno, las malas noticias no terminaron allí. La resolución de la Cámara también exige que el juez Lijo investigue los roles que desempeñaron Jorge Brito, titular del Banco Macro, y Ricardo Echegaray, Administrador Federal de Ingresos Públicos, en la maniobra pergeñada para que el finado Néstor se quedara con la imprenta de dinero y documentos. Interpol, a pedido de la Justicia uruguaya, ordenó la detención de Alejandro Vanderbrole, el sub-testaferro de Boudou en ese affaire, por lavado de dinero; se concretó horas después y desató todas las especulaciones: ¿irá preso en soledad o comenzará a contar lo que sabe para aliviar su pena?
Todo eso no hace más que presagiar las grandes investigaciones que, más temprano que tarde, se abrirán por los hechos que, durante esta extendida década, pasaron desapercibidos para la enorme mayoría de los argentinos, satisfechos por la tranquilidad que el viento de cola, que acompañó al kirchnerismo hasta el 2010, llevaba a sus bolsillos.
Así, entre muchos otros ejemplos, cerramos nuestros ojos y oídos ante las trágicas consecuencias directas de la corrupción: el crimen de Once, que se llevó la vida de 51 argentinos; las inundaciones de La Plata, cuyo saldo luctuoso sigue en la nebulosa; la proliferación del narcotráfico y del lavado de dinero, que fomentaron los generales venezolanos y los laboratorios de la efedrina; la pérdida del autoabastecimiento energético, cuyo único objetivo fue permitir que Néstor se robara el 25% de YPF; la muerte de decenas de niños por desnutrición, porque los gobernadores y funcionarios se roban los recursos.
El kirchnerismo, en todas sus versiones, está al fin de su ciclo, constitucionalmente hablando. Hoy resulta por completo imposible que algún heredero, cualquiera sea quien termine designado por el dedo de Cristina, se imponga en las elecciones, pero sigo convencido que no llegaremos a éstas en los tiempos establecidos por la ley y, menos aún, en paz.
Si pensamos que, durante las sucesivas presidencias de Néstor y su viuda nos dejaron sin fuerzas armadas, sin educación, sin salud, sin vivienda, sin alimentos, sin organismos de control, sin reservas, sin moneda, sin petróleo, sin gas, sin luz, ¿alguien, en su sano juicio, puede creer que Cristina, que nunca ha respetado ley alguna, aceptará mansamente que tanto ella como sus hijos terminen presos y con su fortuna perdida? ¿Podrá, para postergar ese momento, hacer algo parecido a cuanto Maduro está implementando en Venezuela?; la verdad es que dispone de dinero, de gente, de drogas y de armas -misil y balas robados incluidos- para intentarlo.
Más allá de la innegable vocación republicana de la ciudadanía, remarcada en la marcha del 18F, no aparece ningún político opositor capaz de comandar la resistencia al desembozado autoritarismo y a la imperiosa necesidad de perpetuación de quienes han usufructuado tanto del "modelo" que ya sienten en la nuca el aliento de una Justicia que ha despertado de su interesado letargo y que, a partir de ahora, avanzará rápidamente. Pero, ¿cómo deberemos actuar si la muerte de Alberto Nisman no fuera un final sino sólo un principio?
Por Enrique G. Avogadro
