Creo que existen dos tiempos en la legitimidad de los
gobernantes y los gobiernos. El primero está dado por la manera en que llegan
al poder, en nuestro sistema Constitucional esa legitimación es el mandato que
da el electorado mediante sus votos, aquél que gane las elecciones en los
términos establecidos en el arts. 94/98 de la Constitución
nacional, se convierte en el gobernante legítimo al que hemos designado con el
nombre de Presidente. El segundo tiempo en la legitimidad, es el que surge del
ejercicio de ese poder y cuando ese poder es ejercido abusivamente, de una
manera desviada, en contra del pueblo o su constitución, la legitimidad se
pierde, por eso la
Constitución nacional ha previsto la posibilidad de que se
pueda remover al Presidente mediante el juicio político del art. 53, que debe
ser llevado adelante por el Congreso.
En la vieja
estructura de la
Constitución nacional, en la redacción del año 1853/60 no se
permitía la reelección, quizás entre otras razones por la eventualidad de que
no pudiera llevarse adelante el juicio político para destituir al Presidente.
La reforma del año 1994 habilitó la reelección por un periodo, pero no debe
haber previsto el que un matrimonio secuestrara el sistema. La oportuna muerte
de Néstor Kirchner nos liberó del peligro de la alternancia matrimonial, sin
embargo nos legó a la viuda, que en un acto de sincericidio Mujica definió
impecablemente como una vieja más terca que el tuerto.
Lo cierto es que los
argentinos asistimos impávidos a una revolución institucional por la que se
está reformando la
Constitución de hecho, sin necesidad del engorroso y
posiblemente resistido proceso rígido previsto para dichos cambios.
Así se han anulado
los mecanismos de control previsto por la Constitución
nacional, para que derogarlos si se los puede vaciar de poder y eficacia, basta
leer los informes de AGN sobre la situación de corrupción y falta de
mantenimiento de los ferrocarriles elaborados dos años antes del asesinato de
52 ciudadanos argentinos por parte del Estado nacional en la tragedia de Once,
o el número desconocido de víctimas de las inundaciones en La Plata, también asesinatos
cometidos por el Estado nacional, provincial y municipal, ya que dicha
situación había sido anticipada por informes hidráulicos de la Universidad de la Plata.
El Congreso ha sido
colonizado por el kirchnerismo y el senador Pichetto tiene el descaro de
afirmar que los legisladores no son libres pensadores sino simples ejecutores
de las órdenes presidenciales. Una declaración de este tipo en un país
verdaderamente democrático y republicano hubiera merecido al menos que los
propios senadores y diputados kirchneristas desmintieran semejante declaración,
sin embargo paso impunemente una de las afirmaciones más trágicas y despreciables
de la historia del Congreso argentino.
Pero como dos poderes
no bastan, la
Presidente Cristina Kirchner decidió domar al Poder Judicial,
privarlo de su independencia y convertirlo en una extensión de su poder con el
claro objetivo de hacerse de la suma del poder público. Así, decidió eliminar
la posibilidad de que los jueces detengan los avances abusivos y arbitrarios
del poder ejecutivo y virtualmente derogo las medidas cautelares contra Estado
nacional, por si acaso existían díscolos decidió crear tres cámaras de casación
con el único objeto de unificar las interpretaciones jurídicas que garanticen
la impunidad del gobierno que ya toma fisonomía de régimen dictatorial y por
último quiso asegurarse de que las riendas estuvieran bien ceñidas y decidió
anexar al Consejo de la
Magistratura, aumento la cantidad de Consejeros, redujo las
mayorías para la designación de magistrados e inicio de procesos
sancionatorios. De cualquier manera el Modelo ha copiado el sistema judicial
venezolano y desde hace tiempo ha optado por la política de las subrogancias,
es más sencillo y eficaz.
Fue en la
construcción de este esquema, donde Cristina Kirchner ha perdido la legitimidad
en el ejercicio del poder de su gobierno, legitimo de origen, pero ilegitimo en
su ejercicio. Por ello considero que están dadas las condiciones para el juicio
político, claro hay que considerar que si ella se va queda el inimputable de
Amado Boudou y si él se fuera nos quedaría la diputada Rojkes de Alperovich.
Ciertamente el país parece perdido y su futuro trágico.
Es en este esquema
donde surge la pregunta de cómo se instrumenta la otra posibilidad prevista por
la Constitución
nacional para su preservación como sistema políticos republicano, que no es ni
más ni menos que la posibilidad de que sea la población quienes se avoquen a su
defensa cuando las instituciones han sido neutralizadas.
Los Constituyentes de
1853/60 venían de padecer la suma del poder público en la persona de Juan
Manuel de Rosas que durante 24 años había tiranizado el país. Con esa
experiencia los constituyentes y fundamentalmente Alberdi y Gorostiaga,
proyectaron y redactaron tres artículos fundamentales para la defensa de la Constitución nacional
el 21, el 29 y el citado 53, estos son la obligación de armarse en defensa de la Constitución
nacional, la prohibición al Congreso de otorgar al Poder Ejecutivo la suma del
poder público bajo sanción de considerarlos infames traidores a la Patria y el ya reseñado
juicio político.
El artículo 21
establece la obligación de armarse en defensa de la patria y de la Constitución, de
acuerdo a las leyes que dicte el Congreso o a los decretos que dicte el Poder
Ejecutivo, sin embargo que pasa cuando ese Congreso y ese Poder ejecutivo son
quienes atentan contra la
Constitución nacional. Es obvio que las normas jurídicas
–leyes y decretos- que dicten no establecerán ni regularán dicha obligación
constitucional. Frente a tal situación que debe hacer el ciudadano, quedarse
sumisamente en su casa viendo como una revolución institucional arrasa con sus
derechos, con la libertad de prensa, con la independencia de la justicia y
convierte a nuestro país en un paraíso fiscal para terroristas, mafiosos y
comerciantes de armas y drogas. ¿Debemos quedarnos y esperar hasta que nos
vengan a buscar?.
No se equivoquen,
esto no es una apología a la violencia ni un llamado a las armas, es sólo una
convocatoria a la
RESISTENCIA CIVIL, por cualquier medio, por el que sea,
siempre pacífico, pero efectivo. Cada conducta debe llevar un mensaje de
RESISTENCIA. Cada funcionario corrupto debe ser escrachado donde se encuentre,
no importa la situación ni la compañía, o a este gobierno le importan los niños
que mueren de hambre, los enfermos de los hospitales, los jubilados, los
pueblos originarios. El relato constantemente afirma y hace gala de los que
adolece la dictadura.
La subversión del
mensaje oficial es absoluta, van a expropiar papel prensa para garantizar la
libertad de prensa, pero se ordena que la pauta oficial no se distribuya con La Nación, Clarín ni Perfil.
Van a democratizar la justicia para dar protección y cobertura a Lázaro Baez y
Cristóbal López. Dictan una ley de blanqueo de divisas para ingresar los
dólares de carteles de la droga, el terrorismo y poder legitimar sus robos y
desfalcos, pero el ciudadano común debe ahorrar en pesos que día a día se
deprecian por una inflación que supera el 30% anual.
Es obvio que en este
esquema el Congreso jamás realizará un juicio político al Poder Ejecutivo, la
justicia atacada por todos los frentes tampoco iniciara causas por traición a
la patria a los diputados y senadores que han entregado la suma del poder
público al Poder Ejecutivo. Los jueces independientes cada vez serán menos, por
temor, cobardía o porque serán destituidos, el Poder Judicial parece condenado
a su colonización definitiva. Asistimos a sus últimas manifestaciones de
dignidad, la Cámara Civil,
la del Trabajo, la patriada de Marijuan.
No me llamaría la
atención que en poco tiempo veamos civiles detenidos o que comience a aplicarse
la ley antiterrorismo a quienes piensen diferente y a quienes todavía por algún
medio nos expresamos en disidencia de esta dictadura disfrazada de democracia
socialista latinoamericana, eufemismo de los verdaderos populismos facistas del
siglo XXI.
Todavía, pese a este
escenario terrible que nos toca vivir, tenemos una última oportunidad en
octubre, votar en contra, no la desaprovechemos.
Oscar Fernando Larrosa
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