A las objeciones por el precio que pagará Mauricio Macri a la firma Prima S.A. del Grupo Clarín por la conectividad y provisión de computadoras se suma el control de los contenidos.
Detrás de la transformación tecnológica de las aulas se esconde un hecho gravísimo: que el sistema público de comunicación de información y conocimientos de los programas educativos primarios será provisto, instalado, mantenido y administrado, durante los próximos cinco años, por una empresa privada en detrimento de los equipos docentes”, afirma el ingeniero en telecomunicaciones Ariel Garbarz, docente de la Universidad Tecnológica Nacional y coordinador del Proyecto Nacional de Teleinformática de la Universidad de Buenos Aires.
El especialista aseguró que “el pliego de bases y condiciones otorga esa facultad al personal de apoyo, al que define como ‘facilitadores digitales’ sin especificar quiénes son y cuáles son los límites de sus atribuciones”. En definitiva, según Garbarz, “el facilitador será el que permitirá o no acceder a los contenidos”.
–¿Cuando hablamos de “facilitador digital” estamos hablando de la empresa Prima?
–Así es. Es escandaloso que una empresa de un holding como el Grupo Clarín, que viola las leyes en general y la ley de medios en particular, que sistemáticamente transgrede derechos humanos y laborales, que no acata los poderes republicanos, que presta servicios sin licencia y que filtra señales y contenidos a su antojo en los medios, controle una estructura teleinformática educativa.
–¿Cómo definiría la concepción que alienta la iniciativa del gobierno porteño?
–Como autoritaria. La concepción de la red encubre una visión verticalista, donde la información fluye desde arriba hacia abajo. ¿Un ejemplo..? Según quedó definido en los pliegos, docentes y alumnos no tendrán la posibilidad de chatear. En otras palabras: se excluye la posibilidad de una comunicación horizontal, por ejemplo, entre docentes y alumnos de escuelas de diferentes barrios. La administración de los contenidos debe ser descentralizada, y lo que define esta licitación es una administración centralizada.
Anillo al dedo.
Garbarz también cuestiona con dureza el precio que pagará la administración de Macri. Según sus cálculos, los 274 millones de dólares que abonará el Gobierno porteño por la conectividad de las escuelas primarias porteñas y la provisión de netbooks y notebooks supera 3,3 veces el valor de mercado. El especialista asegura que la semana próxima ampliará la denuncia que presentó ante la Justicia y quedó radicada en el Juzgado de Instrucción Número 20, a cargo de la magistrada subrogante Elizabeth Paisan. “Voy a demostrar por qué los únicos posibles oferentes de la licitación son los dueños de la fibra óptica”, afirma Garbarz.
El especialista se refiere a las empresas Telecom, Telefónica y al Grupo Clarín. “El pliego establece una conexión de 7 magabites por segundo. Los únicos en condiciones de brindar el servicio son las compañías que tienen un anillo digital. En el caso de las telco, su principal negocio es la telefonía. En cambio, para el Grupo Clarín, la licitación cayó como un anillo al dedo. Fibertel instaló fibra óptica en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, hace uso de esa red Prima”, explica Garbarz.
Sus cuestionamientos también se extienden a la forma en que la administración porteña preadjudicó la adquisición de los equipos y la conectividad. “Las licitaciones que realizó el Gobierno Nacional en el marco del Programa Conectar Igualdad implican que cada ítem solicitado puede ser provisto por diferentes empresas. Esto permite tomar lo mejor de cada oferta. Nada de eso ocurrió en el ámbito de la Ciudad. A la posición privilegiada que supone tener una red de fibra óptica que les permite calificar como proveedores de la conectividad hay que sumarle la decisión de comprarle, a la misma empresa, la compra de equipos, de los accesorios y los servicios de mantenimiento”, subraya Garbarz.
Paga el que quiere.
En el Estado Nacional aseguran que “si la administración macrista paga por la conectividad es porque quiere hacerlo”. Técnicos y funcionarios del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Comunicaciones subrayaron que están dadas las condiciones para que las escuelas públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales, accedan en forma gratuita al servicio de conectividad.
La posibilidad se apoya en las resoluciones dictadas por el área de Comunicaciones para solventar la conectividad mediante el Fondo de Servicio Universal que, tras la privatización de Entel, las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones deben constituir con el aporte del uno por ciento de la totalidad de sus ingresos. La licitación nacional para los establecimientos educativos está en marcha y permitirá entregar banda ancha a todos las escuelas de gestión estatal.
“El servicio, en principio, abarca unas seis mil escuelas por un plazo de cinco años, que puede ser renovable”, explicaron en el Ministerio que conduce el ministro Alberto Sileoni. En los hechos, suman 17 las carteras educativas provinciales que suscribieron convenios con las áreas de Educación y Comunicaciones para que sus escuelas queden incluidas en la licitación. “Las jurisdicciones que no adhirieron es porque tienen mecanismos particulares, como San Luis, que cuenta con un plan propio de conectividad, o Tierra del Fuego, que prefiere que alimentemos la red provincial”, explicó la fuente.
Quienes trabajan en el Programa Conectar Igualdad señalan que “la Ciudad de Buenos Aires no firmó, y no porque tenga un plan con el que hay que complementarse”. Las mismas fuentes subrayan que la propuesta nacional es flexible y que, en la práctica, “no hay un número limitado de escuelas”. Agregan, incluso, que en aquellos casos donde la conectividad se complica por cuestiones geográficas, ésta contempla la instalación de antenas satelitales, muchas de las cuales han sido compradas. “Hay soluciones para todos los casos. Nosotros no discriminamos. No hay excusas para no aceptar mecanismos transparentes, universales y gratuitos”, remató la fuente.
Llamativas diferencias. Mientras que en la Legislatura porteña aseguran que en los próximos días habrá novedades, las fuentes consultadas destacan las diferencias entre la licitación realizada por la administración de Macri y las efectuadas por el Gobierno Nacional en el marco del Programa Conectar Igualdad, creado por decreto presidencial el año pasado y cuyo objetivo es la entrega de computadoras portátiles a alumnos y docentes de escuela públicas secundarias de todo el país.
Sin ánimo de polemizar sobre el monto preadjudicado y la calidad del proceso licitatorio concretado por el Gobierno porteño, los responsables de ejecutar la iniciativa –anunciada por la presidenta Cristina Kirchner en el Teatro Nacional Cervantes en abril del año pasado– subrayan que “las licitaciones se hicieron en un marco de absoluta transparencia” y señalan que “hubo decenas de oferentes, tanto nacionales como extranjeros”.
“El equipamiento y las 250 mil netbooks que compramos y entregamos el año pasado, en principio sólo a las escuelas técnicas, se adquirieron con fondos de la cartera a través de la Unops, un organismo de las Naciones Unidas que, además de acelerar el proceso de adquisición, garantiza que en cada compra se respeten las prácticas comerciales más idóneas y, por otro lado, que el comprador ahorre gracias a las relaciones estratégicas entre la agencia y sus proveedores”, señalan en Educación.
Las mismas fuentes agregan que por el mismo mecanismo se adquirieron a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otras 350 mil netbooks. La operación incorporó cláusulas que garantizan la participación de empresas locales. En este último caso quedaron preadjudicadas ofertas de unas treinta firmas en el marco de un proceso que concretó la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Tecnología.
Dudas y más dudas.
En los hechos, Prima fue la única firma que quedó en carrera, tras la deserción que formalizó Telefónica Móviles Argentina S.A. ante la Comisión de Evaluación. Más allá de la suspicacia que genera la existencia de un solo oferente en una licitación de semejante magnitud, las dudas también hacen pie en el costo final del proyecto que impulsa la administración porteña. Según la legisladora porteña Gabriela Cerruti, ascenderá –con el servicio de Internet incluido– a U$S 1.500 por unidad al finalizar el contrato.
Similar es la visión de Garbarz. “Cualquier usuario no experto lee la configuración del pliego de cada computadora y advierte que es la misma que se paga trescientos dólares en un comercio y sabe, además, que por más conectividad y servicios que se le pongan a las 178 mil unidades preadjudicadas no hay ninguna posibilidad de que ese precio llegue a casi 1.200 dólares por computadora”.
Garbarz agrega que “no hay un solo renglón donde se establezcan valores de referencia para los servicios de instalación, mantenimiento y conectividad. De esta forma, se dejó la puerta abierta para armar un negociado récord en la historia de las contrataciones informáticas”. Una licitación que, según el experto, recuerda el caso IBM-Banco Nación que investigó el juez federal Adolfo Bagnasco.
Fuente Miradas al Sur
Informe reservado
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