En los últimos días tanto el gobierno nacional como parte de la oposición y los distintos medios de prensa manifestaron su “alarma” por la creciente reacción de la sociedad frente a la delincuencia, que se traduce en que grupos ciudadanos atrapan a malvivientes en pleno intento de robo y los golpean, como repudio a su accionar criminal.
La actual presidente, a través de verborrágicas cadenas nacionales, condenó los hechos. Lo cierto es que Cristina Kirchner jamás hizo una cadena nacional por los miles de muertos a manos de los delincuentes que hubo a lo largo de la década “ganada”. De hecho, cabe recordar que para el oficialismo, la inseguridad sigue siendo un tema menor, casi inexistente, a tal punto que en connivencia con otros sectores políticos ha pergueñado un proyecto de nuevo Código Penal en el que todas las condenas se ven sensiblemente reducidas, especialmente aquellas que están vinculadas a los delitos de funcionarios públicos. Los homicidas, los violadores y los corruptos no merecen el reproche presidencial, ningún funcionario se solidariza con las víctimas, no hay cadenas nacionales ni propuestas serias de seguridad, pero si un par de ladrones son golpeados todos los resortes gubernamentales se activan y rápidamente hay jueces y fiscales que salen a perseguir a los ciudadanos. Los criminales, mientras tanto, reciben atención médica gratuita y en pocas horas quedan en libertad, aún cuando tengan frondosos prontuarios y existan motivos ciertos para presumir que retornarán al camino delictivo.
Respecto al tema de los linchamientos populares, parte de la oposición respaldó la postura condenatoria del kirchnerismo, aunque agregó que este fenómeno se debe a un “Estado ausente”. El problema radica en que esos supuestos opositores también forman parte del Estado, ¿o acaso Sergio Massa no fue jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, intendente de Tigre y actualmente Diputado Nacional? ¿O acaso Mauricio Macri no gobiena la Ciudad de Buenos Aires desde hace 7 años? ¿O es que los radicales se olvidan que tienen decenas de intendencias y algunas gobernaciones provinciales? Incluso los socialistas gobiernan la provincia de Santa Fe, y bajo su mandato el narcotráfico no para de avanzar. Estos presuntos opositores hacen los análisis como si ellos mismos no fueran parte del problema. La inseguridad no empezó con el kirchnerismo, simplemente se profundizó por la pésima administración que el actual gobierno lleva adelante.
Desde el punto de vista legal, es indudable que estos linchamientos no son válidos ni justificables, pero no podemos soslayar el hecho de que, aún así, gran parte de nuestra comunidad los respalda. ¿Por qué? La respuesta es contundente: porque la gente se hartó de la clase gobernante, de esperar respuestas o soluciones concretas ante el delito que jamás llegan, mientras los ciudadanos honestos son asesinados o agredidos día a día. Tal como en el año 2001 el pueblo salió a la calle a exigir que se vaya Fernando De la Rúa y escrachaba y perseguía a los funcionarios en sus barrios, hoy los argentinos no toleran más vivir en tierra de nadie. Si el Poder Ejecutivo está en manos de corruptos, y el Poder Legislativo está en manos de incapaces, la última esperanza era el Poder Judicial. Pero he aquí que los jueces condenan a los inocentes y protegen a los culpables. La mayor parte de los magistrados federales tiene causas por distintos tipos de delitos en los cajones del Consejo de la Magistratura, y por eso se han convertido en títeres del oficialismo. La Corte Suprema, que algunos pretendieron llamar “Corte de lujo”, demostró ser una pequeña conglomeración de nulidades como el impresentable Eugenio Zaffaroni, un auténtico protector de los delincuentes en la Argentina. Las cárceles, que deberían ser vigiladas por los jueces, se convirtieron en centros políticos del gobierno, donde La Cámpora recluta militantes y donde cualquiera se escapa sin mayores problemas. En Argentina, ya no hay castigo a los delincuentes.
Es muy difícil pretender que el pueblo se reconcilie con un Poder Ejecutivo encabezado por un gabinete o gavilla de millonarios que no pueden explicar sus fabulosos incrementos patrimoniales, con un Poder Legislativo que se vota para sí mismo aumentos de sueldo siderales, que tiene miembros con inmunidades cuasi monárquicas, y que sesiona poco y nada, y con un Poder Judicial inerte, con jueces que incluso gozan de privilegios inaceptables como el que sus sueldos no puedan ser alcanzados por ningún tipo de carga impositiva, como si hubiera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Los linchamientos crecen porque el desamparo, la impunidad, la corrupción y el desánimo aumentan. El verdadero problema es que la gente no cree más en este modelo, y entonces toma el derecho de castigar a los criminales por mano propia. Reiteramos, no es una reacción válida en el plano formal y jurídico, pero para el pueblo, es legítima, porque es un recurso desesperado frente a la desprotección a que lo someten los poderes públicos.
¿Cómo se puede revertir esto? Con un auténtico cambio de estructuras, no con un mero cambio de gobierno o de personajes, es decir, con un gobierno elegido por la ciudadanía que lleve adelante una verdadera revolución nacional y que le devuelva a los argentinos la fe en sus gobernantes y en sus instituciones, que limpie de cuajo la corrupción en todos los niveles y estamentos, que demuestre que está trabajando para la ciudadanía y no para el narcotráfico y los delincuentes de toda laya, que no sea una marioneta de intereses foráneos o corporaciones extranjeras. En síntesis: esto únicamente se revierte con un Gobierno Nacionalista.
Si la presidente Cristina Kirchner quiere terminar bien su mandato, debe tomar nota de la realidad y asumirla. No pretendemos imposibles, esto es, que se convierta en una patriota o en una persona honesta, pero si le queda un rasgo de sentido común, debería advertir que ni una, ni veinte ni cien cadenas nacionales van a transformar la realidad a sus caprichos o berrinches. Ya nadie quiere escuchar sus palabras, ni ver sus puestas en escena, ni leer sus incomprensibles mensajes por Twitter, la comunidad le exige una respuesta concreta al flagelo de la delincuencia, y lo verdaderamente alarmante es que el kirchnerismo no sólo no parece dispuesto a darla sino que protege y se ubica del lado de los marginales.
Los linchamientos no son más que otro síntoma del tremendo hartazgo social, y quizás el prólogo de una violencia mayor de alcances insospechados. Está en el gobierno nacional la posibilidad de corregir rápida y diametralmente su rumbo, o asumir la responsabilidad de las consecuencias que vendrán.
Consejo Nacional
Partido BANDERA VECINAL
http://www.banderavecinal.org
Buenos Aires, 3 de abril de 2014
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