Fuentes judiciales no descartan que el caso Ciccone pueda
tener derivaciones aún más graves que los hechos hasta ahora investigados. Las
sospechas se refieren a la posible existencia de ilícitos en la impresión de
billetes realizada por la imprenta en cuestión durante el 2012, cuando la
operación conducida por Amado Boudou marchaba viento en popa y la empresa ya
había recibido importantes aportes por parte de Jorge Brito, que le habían
permitido renovar su capacidad tecnológica. En mayo del 2012, la Compañía de Valores
Sudamericana (ex Ciccone) comenzó a imprimir hasta 500 millones de billetes de
100 pesos. La orden de impresión -a un costo de 510 pesos cada mil billetes,
por un total cercano a los US$ 55 millones- llegó después de completar tres
pasos previos. El Banco Central firmó un contrato con la Casa de Moneda para la
impresión de billetes. Este organismo, a su vez, subcontrató las instalaciones
de la nueva Ciccone. De esa manera no se hizo público el monto preciso y los
detalles de esa operación. En segundo lugar, vinieron las pruebas de impresión
en “papel rosa” para verificar que todo marchara bien; tercero, se concretó la
entrega a la nueva Ciccone de las primeras cajas con el “papel moneda” de alta
seguridad, necesario para imprimir billetes.
Con esas cajas bajo su control, la Casa de Moneda comenzó a remitirlas a la imprenta que presidía por entonces el abogado Alejandro Vandenbroele, señalado por su esposa como testaferro del vicepresidente Amado Boudou. Para completar el traslado del material, la Casa de Moneda y la ex Ciccone afrontaron un complejo operativo de seguridad que incluyó contratar camiones blindados de la firma Brinks, con acoplados de hasta 20 pies. Y que luego el operativo se repitió para devolver los billetes a la Casa de Moneda para su numeración, paso previo a ponerlos en circulación.
La logística tampoco quedó exenta de pujas entre los organismos estatales. “La Casa de Moneda quiso que el Banco Central se sumara a la supervisión del material y de la impresión dentro de Ciccone, que enviara personal a Tortuguitas [por la sede de la planta impresora], pero la entidad se negó”, según expuso una fuente oficial.
La Casa
de Moneda trabajaba por entonces al máximo de su capacidad operativa, ante la
necesidad de imprimir más billetes por efecto de la expansión económica, la
inflación y años de desinversión dentro del organismo, que incluyó una partida
para adquirir y modernizar maquinarias que nunca se concretó. Fue entonces
cuando el titular del Banco Macro, Jorge Brito, jugó un rol clave en el
resurgimiento de la ex Ciccone Calcográfica. Su entidad aportó fondos, créditos
y personal para que la imprenta más importante saliera de la quiebra y
comenzara a negociar nuevos contratos con el Gobierno, a través de operadores
del vicepresidente Amado Boudou. El vínculo más notable de Brito con la
operación fue el desembarco del hasta entonces gerente administrativo de Banco
Macro, Máximo Lanusse, como el vicepresidente del directorio de la ex Ciccone,
reconvertida en la Compañía
de Valores Sudamericana S.A., justo por debajo del abogado monotributista
Alejandro Vandenbroele, cuya esposa lo señaló como supuesto “testaferro” de
Boudou.
Una hipótesis que crece
Sobre la base de estos hechos, la versión que empezarían a tomar en cuenta algunos funcionarios judiciales es que detrás de la impresión de billetes de 100 pesos realizada por la ex Ciccone se habría montado un gigantesco negociado a través de la impresión de billetes con numeración melliza por $ 500 millones. Siempre según las mismas fuentes, éste habría sido el primer gran objetivo del vicepresidente, que habría actuado, cuando se desempeñaba como ministro de economía, siguiendo expresas instrucciones de Néstor Kirchner. Una vez fallecido éste en octubre en octubre del 2010, el plan siguió adelante y, cuando Boudou dejó a su incondicional Hernán Lorenzino a cargo de la cartera de hacienda para asumir la vicepresidencia, habría continuado adelante con el plan, presumiblemente con el conocimiento de la presidente.
Las fuentes señalan que la presunta impresión melliza se habría canalizado del siguiente modo: Una impresión se habría volcado a la compra de euros derivados luego a distintos paraísos fiscales para su correspondiente blanqueo. La otra impresión -la melliza- podría haberse canalizado del modo más fácil para incorporarla a la masa monetaria. Esto es, utilizándola -a través del Banco Macro-para el pago de los haberes de jubilados y pensionados. El artículo 287 del Código Penal condena con “reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta por doble de tiempo al funcionario público (…) que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda (…) billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador, en cantidad superior a la autorizada”.
Ahora y a la vista de los crecientes indicios sobre la intervención de Boudou y Brito en la compra de la ex Ciccone, la hipótesis de una voluminosa impresión de billetes mellizos como primer objetivo de la operación empezaría a tomar cuerpo.
Alexis Di Capo.
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