Error y soberbia en el caso Campagnoli

El caso del juicio al fiscal José María Campagnoli es una perfecta metáfora del modo de hacer política en la Argentina. Retroceder ante el error es un síntoma de debilidad.

Defender la equivocación sin ponerse colorados es una forma de afianzar el accionar propio. 

Esos parecen ser los dos lemas que impulsan a los que detentan el poder. La obcecación, casi saña, con la que la jefe de todos los fiscales de la Nación Alejandra Gils Carbó persiguió a este procurador entrampó al gobierno que ella representa (porque que quede claro: la procuradora representa al kirchnerismo y no a la sociedad toda como debería ser en semejante cargo) y lo obligó a empantanarse en la pifia de continuar el jury de enjuiciamiento antes que reconocer que no había motivos para proseguir.

Esta semana, luego de una caricaturesca licencia por "stress" de la representante de los defensores oficiales, los integrantes del jurado de acusación repusieron a Campagnoli en su oficina pero prometieron seguir con la investigación por "exceso de su accionar" que se le imputa a la hora de saber si Lázaro Báez fugó dinero en su nombre o por cuenta y orden del poder.

Esto es apenas un taparrabos jurídico para que se deje transcurrir el tiempo hasta que a fines de octubre, cuando venza el plazo máximo estipulado para el enjuiciamiento y gracias al efecto narcotizante de la realidad argentina que hace que el escándalo de hoy se olvide con lo nuevo de mañana, se archive la causa. Entonces, el fiscal no habrá sido absuelto pero tampoco condenado. No habrá, en apariencia y en la conciencia de los que detentan el poder, ni vencedores ni vencidos.

¿No sería más fácil reconocer el error de haber impulsado este jury? ¿No paga en la política vernácula reconocer un traspié? Evidentemente no.

Y no se habla sólo de esta actividad a nivel nacional o apenas en este caso. Si no, ya se deberían haber escuchado los pedidos de disculpas al entonces Procurador Esteban Righi que fue acusado en cadena nacional por el vicepresidente de la Nación de ofenderlo al permitir que se investigara la causa Ciccone. Hoy, Amado Boudou está procesado y Righi echado por la puerta de atrás de la casa del poder. Nadie, que se sepa, ha abierto la boca hasta ahora.

Es también cierto que este nivel de negación de algunos sectores se complementa con una impactante oferta de frivolidad o superficialidad de los que deberían mostrar una alternativa de poder. A los inentendibles lugares comunes de la mayoría de los opositores en cuestiones de deuda externa, de inseguridad o de propuestas en materia inflacionaria se le suman propuestas de las "nuevas fuerzas" que, cuanto menos, sorprenden.

La Cámara de Diputados, que pasará más de un mes sin actividad por el receso invernal, recibió, por sólo mencionar un ejemplo pintoresco, un proyecto de la diputada María Azucena Ecohosor del Frente Renovador para premiar a los matrimonios que superen los 25 o 50 años con una suma de dinero pagada por el Estado.

Esta señora representante del pueblo propone motorizar en el mismo Congreso que evita mirar el impuesto a las Ganancias, la unificación del derecho privado o el debate de la imputabilidad penal, una ley (sí: una ley) para que de las arcas fornidas por los impuestos pagados por cada uno de nosotros salgan hasta mil doscientos pesos a efectos de homenajear públicamente un acto tan privado como decir "sí, quiero" por más de 5 o 10 lustros. Es tan creativo y renovador el concepto que este cronista no encuentra adjetivo para calificarlo.

Por fin, el viernes se cumplieron los 20 años desde el atentado más atroz que sufriera el país cuando voló la sede mutual de la AMIA en Capital Federal.

La conmemoración se siguió realizando con la misma impunidad judicial e idéntica desesperanza para que el Estado de Irán colabore en su esclarecimiento. Allí brilló otro error defendido a capa y espada. El memorándum de entendimiento impulsado con el brío que sí tiene el gobierno nacional cuando se empaca en algunos temas no sólo fue burlado por el gobierno iraní sino declarado inconstitucional por la justicia argentina. Error que no mereció ni enmienda ni pedido disculpas, por supuesto.

Este año, la presidente de la Nación pidió que le ofrecieran otra alternativa y no sólo críticas. La opción está y ahora le toca mover al kirchnerismo. Desde algunas entidades judías se propone reglamentar el juicio en ausencia que permita llegar a la condena aun cuando el imputado no se encuentre a derecho en el tribunal que lo juzgue. La Argentina propició que el criminal nazi Eric Priekbe fuese extraditado luego de un proceso similar en Europa y apoyó que Francia sancionara en ausencia a Alfredo Astíz por las violaciones a los derechos humanos imprescriptibles.

Ambas decisiones fueron justas y plausibles. ¿Por qué no entonces promover una ley que haga analogía en el caso Amia? El tecnicismo de la irretroactividad de la ley penal está salvado por los antecedentes de la anulación de punto final y obediencia debida en los fundamentos serios de este proyecto que no admiten ser reproducidos en esta escasa crónica. Se puede, es legal y sólo necesita voluntad política.

Habrá que ver si en este caso prima el deseo real de cambiar las cosas o volverá a aplicarse el apotegma de que un error jamás debe ser asumido y mucho menos corregido. Eso, hasta ahora, es un signo de debilidad en la política nacional. Y pesa menos que el cargo de conciencia propio de cualquier ser humano.

Por Luis Novaresio 

Fuente: La Capital (Rosario)