En un año en que la violencia y la delincuencia ocuparon buena parte de la agenda, cuatro especialistas analizan medidas concretas para enfrentar el problema. Coinciden en que no hay recetas mágicas, pero dicen que las soluciones existen.
La inseguridad volvió a los primeros planos durante 2009. La polémica “mano dura versus garantismo” y la baja en la edad de la imputabilidad fueron los ejes de un debate más mediático que académico. Los casos llenaron horas de pantalla, hubo marchas en reclamo de justicia y el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, que cuando asumió defendió a la Bonaerense y le pidió mayor poder de fuego, terminó el año denunciando corrupción policial. ¿Qué hay que hacer en 2010 para mejorar la seguridad? Crítica de la Argentina consultó a cuatro especialistas en el tema. Todos coincidieron en que no hay recetas mágicas para combatir el delito. También opinaron que este año los discursos desplazaron a la acción y las protestas a las propuestas.
El sociólogo del Conicet Gabriel Kessler considera que el uso de armas es un tema que no suele estar en el debate sobre políticas de seguridad ciudadana. “En América Latina se produce el 40% de los homicidios mundiales cometidos con armas de fuego. Cuando más armas circulan en una sociedad, más probable son los hechos violentos. Las bajas tasas de homicidio en Europa Occidental se deben, en parte, al férreo control de armas. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de 2007 ha sido una iniciativa valiosa pero de alcance limitado. Debe complementarse con la destrucción de la mayor cantidad de armas posible; un control estricto de las armas legales y la desactivación de los circuitos ilegales de venta, que suelen alimentarse de los legales. La Asociación de Políticas Públicas ha estimado un circulante de casi 2,4 millones de armas de fuego en el país, de las cuales el 60% estarían en situación ilegal. La organización Small Arms Survey, al contrastar la cantidad de armas livianas en los arsenales del Estado argentino con el número de militares y policías, estableció en 2007 un exceso de 425 mil armas, cuyo destino no es claro. La erradicación de armas debería ser una prioridad”, opinó Kessler, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.
El director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano (Ceprede), Claudio Stampalija, entre sus propuestas enumeró tres modelos: “Primero, un modelo de autoridad que cuente con hombres y mujeres capacitados y comprometidos en la tarea de entender y llevar adelante las políticas que ya han demostrado su eficacia en otras latitudes y que no centren su actuación en el sistema penal. Segundo, un modelo de coordinación funcional, que es intervenir interdisciplinariamente en todas las áreas involucradas, tales como educación, salud, acción social, vivienda, trabajo, urbanismo, entre otras. Tercero, un modelo de participación comunitaria: la sociedad debe intervenir en el diseño de las políticas. Es una forma de democracia social”.
El profesor de Derecho Penal de la UBA y asesor de Unicef Argentina Diego Freedman está convencido de que, como primera medida, debe hacerse un diagnóstico sobre la base de las estadísticas. “Implica conocer cuáles son los delitos cometidos, más allá de los denunciados; quiénes cometen estos delitos (características personales y sociales); cuál es el modus operandi y quiénes sufren estos delitos. De otro modo, la política de seguridad queda sujeta a intuiciones y a la respuesta inmediata frente a hechos mediatizados. Estos datos permiten apreciar las diferentes realidades locales, no es la misma situación en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense”.
El director del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Fernando Azcoaga, coincide con esa iniciativa: “Es importante hacer un diagnóstico basado en las modalidades delictivas y en las zonas donde ocurren los delitos. Sobre la base de una buena estadística, hay que trabajar con medidas de prevención situacional, patrullaje policial, pero también organizar a los vecinos para que tomen medidas preventivas advirtiendo horarios de mayor riesgo y tipologías delictivas frecuentes. Cada municipio debe garantizar la iluminación de las calles y su transitabilidad”.
También dijo que debe trabajarse con los grupos de riesgo. “Esas medidas deben reconstruir el tejido social para generar oportunidades, mejorar las condiciones de los lugares donde habitan e implementar políticas focales sobre esos grupos de jóvenes que no están estudiando y delinquen. Hay que crear mecanismos de reinserción social. Sería una monstruosidad encarcelar a un chico de 13 años. En cuanto a las redes delictivas, hay que cortar la cadena de arriba hacia abajo. Si hay robo de autos es porque proliferaron los desarmaderos. Si roban comercios, es porque esa mercadería se ofrece en el mercado negro”.
Para Kessler, otra iniciativa debería incluir las políticas urbanas que favorecen la seguridad. “Hay ejemplos en Guayaquil, Medellín, Bogotá y en Diadema, Brasil. Son mejoras urbanas, apropiación ciudadana de espacios públicos, favoreciendo la integración de áreas segregadas y estigmatizadas. También hay que desactivar los delitos que generan mayor violencia, que en muchos casos están vinculados con redes delictivas organizadas. A menudo tienen una lógica de mercado, donde las partes son interdependientes pero sin vínculos personales. Hay estrategias específicas para cada uno de ellos: se trata menos del despliegue de fuerzas policiales y más de un trabajo silencioso para desbaratar redes, coagular sus formas de financiamiento y de protección o los circuitos de venta”.
Stampalija, quien en 1997 fue director del Programa de Prevención del Delito y la Violencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cree que es imprescindible promover programas de educación y contención para chicos vulnerables. “No hay mejor dinero que el que se gasta en alejar a los niños y jóvenes de la delincuencia en vez de malgastarlo en mantenerlos tras las rejas. La evidencia criminológica muestra que la mayoría de las actividades delictivas comienzan en la adolescencia, con una incipiente rebaja en la edad y que la reincidencia en los menores oscila entre el 80 y el 95 por ciento. De ello dan cuenta innumerables estudios longitudinales sobre distintos programas y que han tenido en los últimos 25 años permanentes evaluaciones, todas ellas exitosas y que han mostrado una disminución de entre el 20% y el 70% de la criminalidad, lo que equivale a un ahorro equivalente de siete a 15 dólares por cada uno invertido en estos programas”.
En ese sentido, Freedman opina que “en cuanto a la delincuencia juvenil, cuando el joven comete el primer delito sería fundamental darle una respuesta institucional consistente en la obligación de realizar tareas comunitarias, la disculpa a la víctima, la obligación de reparar los daños causados complementado con una política especial de inserción social para asegurarse que el joven vaya a la escuela, se capacite profesionalmente y trabaje. En materia policial, hay que acercarse al modelo de policía comunitaria, que requiere de recursos sociales porque es necesario que se articule con el sistema educativo y el sistema de protección social a fin de prevenir las causas de la delincuencia”.
Fuente: Criticadigital
http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=36081
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