El Gobierno y
la Justicia
transitan un juego de baldosas flojas: a poco de que se instalan en una, la
otra salta y salpica. La llegada de los Ciccone a la causa Ciccone pone en
jaque al vicepresidente y deja en evidencia que el aparato judicial
del Estado está para ocultar la responsabilidad directa de
Boudou: nada más claro que el fiscal Di Lello, en plena audiencia de Nicolás
Ciccone ante el juez Lijo tratando de impedir que siguiera declarando como
testigo.
"
Tiene que seguir como imputado ”, manoteó Di Lello.
“¿
Bajo qué cargos?”, desafió Lijo.
Di Lello balbuceó y la audiencia siguió su
curso.
Que los fiscales estén para
defender a los
acusados muestra el estado de descomposición de poderes que suponemos
independientes. Lo mismo se advierte cuando el ejemplo es al revés. La
suspensión del fiscal José María Campagnoli ordenada por su jefa, la
procuradora Gils Carbó, encuentra su origen en lo contrario:
Campagnoli será
suspendido por hacer su trabajo.
“Yo soy fiscal y no puedo permitir
que por
investigar me saquen una fiscalía; que por investigar me quieran correr de un
caso”, me dijo Campagnoli en la radio ayer a la mañana.
El “delito” imputado al fiscal del fuero ordinario bajo el eufemismo de
haber incurrido en “faltas de competencia” tiene una simple explicación: se
animó a investigar a Lázaro, socio de
la Presidenta y proveedor del 98% de la obra
pública de Santa Cruz. En el fuero ordinario, un fiscal de Saavedra había
logrado lo que
la Justicia
federal evitó desde el comienzo de la causa: que el nombre de Lázaro estuviera
en la carátula del expediente. Campagnoli recibió y motorizó una investigación
contra Lázaro por extorsión: Federico Elaskar, el ex propietario de SGI, la
financiera de Madero Center conocida como
La Rosadita, lo había
denunciado por ese delito cuando las tropas de Lázaro al mando de Pérez Gadín
le birlaron la
empresa que había servido para
vehiculizar millones de euros que, se presume,
venían de la corrupción en la
obra pública. Campagnoli tiró de la soga hasta que logró completar un
circuito: los 55 millones de euros lavados en dos meses por Fariña y Elaskar
habían vuelto al país de modo legal y en la misma cantidad. El delito de
lavado de dinero estaba probado hasta en los manuales.
¿Cómo se le ocurre, a un fiscal, probar un delito?
“Pareciera que en este país los imputados quieren estar en
la Justicia federal y no en
la ordinaria. Uno debería tener más miedo cuando está en manos de jueces
federales”, ironizó Campagnoli en
Radio Mitre. Sabía de sobra de qué
estaba hablando: la causa de la ruta del dinero K está en manos de Sebastián
“Tortuga” Casanello. Las familias del Sur no tienen nada que temer.
El descarado interés del Gobierno por interferir en la causa se remonta a su
origen: en licencia del fiscal Marijuán, el titular de
la Procuraduría Especial
para Lavado de Dinero, Carlos Gonella, se ocupó de enfocar la causa en los
valijeros y en excluir, hasta de la carátula,
el nombre de los Báez, Lázaro
y Martín. Gonella, según denunció más tarde el senador radical Mario
Cimadevilla e hizo lugar Marijuán, fue nombrado por Gils Carbó fuera del
procedimiento, y su único antecedente con las causas de lavado fue el de un
almacén en la ciudad de Córdoba que vendía drogas a nivel minorista. Gils Carbó
fue imputada por Marijuán
por nombramientos irregulares y en los
próximos días llegará la venganza: a partir de un insólito pedido de los
organismos de derechos humanos, Marijuán también podría ser sancionado.
Mientras
la Corte
Suprema, los gremios judiciales, los colegios públicos y la
oposición asisten absortos y en silencio a estas maniobras, el Gobierno avanza
en tierra arrasada: dos fiscales pueden ser suspendidos por investigar
y
Oyarbide, por ejemplo, sigue incólume en su puesto. El interés de Cristina
por desaparecer a Lázaro de la ruta del dinero es igualmente proporcional al
demostrado por apartar a Boudou del caso Ciccone, pero la realidad se empeña
una y otra vez en aparecer. A la archiprobada relación con Vandenbroele se suma
ahora el testimonio del yerno de Ciccone y del propio Nicolás: arreglaron la
venta de la imprenta con Boudou, quien les señaló a su socio oficial, Núñez
Carmona,
como el hombre con quien negociar. Y lo hizo, para los
fanáticos de los datos de color, en una oficina del directorio de
Telefe
(nada dijo Ciccone sobre si este hecho fue denunciado esa noche en Telefe
Noticias por el columnista Reynaldo Sietecase). En paralelo, la causa por
enriquecimiento ilícito avanza con más y más pruebas: Boudou no puede, ni
siquiera,
justificar su patrimonio en blanco.
¿Manotazos de ahogado? ¿Fanatismo de Gils Carbó? ¿Problemas personales? Se
trata de una política que ha llegado, incluso, al fuero de la seguridad social:
el juez Luis Herrero, camarista de
la Sala Segunda, sufre una vieja persecución de
la ANSeS por favorecer a los
jubilados en sus fallos. Pero la cosa empeora: acaban de denunciarlo ante
el Consejo de
la
Magistratura por opinar. Herrero osó decir en un reportaje de
Página/12 que “es cuestionable el pago de pensiones no contributivas y
asistenciales con el dinero de
la
ANSeS, al igual que la asignación universal por hijo y otros
beneficios”. Léase correctamente: no cuestionó la existencia de esos beneficios
sino el hecho de que, para hacerlos efectivos,
se utilice el dinero de los
jubilados. Lo acusan de prejuzgar y cuestionar la política de inclusión
social.
Jorge Lanata
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