Recuperando Potestades

“Es estúpido dejar las decisiones sobre economía a aquellos que no pagarán precio alguno por equivocarse”. Thomas Sowell

Cuando el hombre comenzó a vivir en comunidad y para evitar que continuara rigiendo la ley de la selva, naturalmente cedió algunas de sus libertades y derechos a algo superior, que dio en llamarse, mucho después, “Estado”. Así, a cambio de renunciar a ellos, le encomendó –y le exige- que se ocupara de su defensa, de su seguridad, de su educación, de su salud y de la Justicia; como parte de ese contrato tácito, paga al Estado los impuestos que le permitan soportar esas tareas. También le delegó la organización de las relaciones entre los individuos que componen la sociedad.

En la Argentina actual, y pese a que ese contrato sigue teóricamente rigiendo, apoyado en la Constitución y en el Código Civil, el Estado ya había desertado, y los ciudadanos estamos sometidos a la indefensión como nación, a la cotidiana inseguridad, a la falta de salud, de educación y a la falta de Justicia, por lenta y por sometida al poder de turno. Nos vemos enfrentados a soportar doblemente el costo de contar con esos beneficios elementales, ya que seguimos pagando impuestos pero, además, tenemos que hacer frente al costo de la contratación privada de vigiladores, colegios y prepagas médicas para subsanar esa ausencia estatal.

En estos días, en Córdoba, se vio a ciudadanos encaramados a los techos de sus viviendas y negocios, o nucleados atrás de barricadas, armados y dispuestos a defender con su vida –dada su inexperiencia- sus bienes ante las hordas que destruían todo a su paso. Sin darse cuenta, reasumieron una potestad que habían transferido, por ese acuerdo originario, al Estado, ya que éste había desertado y se encontraban en total desamparo frente a la violencia desatada.

Esta situación representa un salto cualitativo, hacia atrás, respecto a todos los conflictos sociales que los argentinos hemos soportado en los últimos años y, seguramente, continuará in crescendo, por el triste papel que desempeñaron, durante esas horas trágicas, quienes tienen a su cargo ejecutar las tareas que son propias del Estado. Doña Cristina in absentia, Anímal y hasta Randazzo hicieron fila para pegarle al Gallego de la Sota, lavándose las manos respecto a la crisis que la “década ganada” había generado y que, como vimos por televisión, estuvo a punto de convertirse en una tragedia. Al negarse a enviar a la Gendarmería –Super Berni lo ordenó, pero el Chino Zannini lo desautorizó- el cristinismo, una vez más, dio una muestra cabal de la confusión que en su concepto existe entre Gobierno y Estado; en ella, tal como lo confirmó un patético Coqui Capitanich invocando al federalismo constitucional, las fuerzas federales sólo pueden actuar cuando quien solicita su auxilio es un obediente seguidor de los dictados de Olivos. ¡Qué pena que ese mismo federalismo sea olvidado a la hora de repartir ingresos fiscales!

Se me ha preguntado, desde el momento de los hechos, si los saqueos estaban organizados por algún malparido con intencionalidad política. La respuesta contiene dos aseveraciones: sí lo estaban, y en esa organización seguramente participaron narcos, pero tuvieron esa magnitud porque existe un caldo de cultivo que favorece la protesta. Detrás de los primeros enmascarados, que robaban plasmas y alcohol, necesariamente hubo multitudes crispadas y enojadas, que padecen diariamente esta demencial política económica, que ha llevado a que el verdadero índice de precios (el de los changuitos de supermercado) se haya disparado a partir de noviembre, lo cual llevará la inflación anual a superar el 30%.

El Gobierno avivó la inquietud social con tres anuncios convergentes: no acepta pagar el bono que todas las centrales gremiales solicitan para fin de año, descontará el impuesto a las ganancias sobre la segunda cuota del aguinaldo y mandó a imprimir, en la Casa de la Moneda y en Ciccone, ciento cuarenta millones de billetes de cien pesos para hacer frente al pago de esa segunda cuota a los empleados públicos.

El desprecio que los funcionarios tienen por la inflación (a la que ningunean), la carencia de un plan económico coherente –no se puede considerar como tal al nuevo congelamiento de precios que, dicen, regirá a partir de enero- y la monstruosa emisión monetaria, harán que el arrastre de este año lleve al índice de los precios a superar el 40% en 2014; el permanente drenaje de reservas, la obligación de importar cantidades mayores de combustibles más caros y el nuevo robo que cometerán cuando paguen el cupón atado al crecimiento del PBI (nada menos que US$ 5.000 millones), tampoco permiten ser optimista respecto a un cambio diametral en la toma de decisiones.

Pero, tal vez, el principal factor coadyuvante de lo que ocurrió en Córdoba haya que buscarlo en la anomia moral que hoy reina en nuestra sociedad. Todos los límites se han sobrepasado, y se ha impuesto el “sálvese quien pueda”.

El mundo entero está contemplando, con asombro y repugnancia, cómo la señora Presidente se mofa de todos, acumulando una fortuna personal cuyo crecimiento exponencial ni se molesta en explicar, como tampoco lo hace con las relaciones que mantiene con los personajes más oscuros de la escena nacional, como Lázaro Báez, Cristóbal López, Spolsky, Eskenazi, Ferreyra (Electroingeniería), sus secretarios y sus jardineros y tantos otros, enriquecidos por haber prestado sus nombres para encubrir los latrocinios de la pareja imperial.

El Vicepresidente, el inefable Guita-rrita, se robó, con sus cómplices Nariga Núñez Carmona y Vandermoco, la mayor imprenta del país, que tiene a su cargo nada menos que la producción del dinero. Además de hacerse enormemente rico, y seguir festejándolo a carcajadas, le cobró una comisión de siete millones a la provincia más pobre del país para renegociar su deuda con el Estado nacional, o sea, con él mismo.

Sin embargo, los jueces de Comodoro Py no han llamado a ninguno de ellos a prestar declaración indagatoria, y todos –hasta Jaimito- siguen libres y haciendo daño. Entonces, ¿no resulta razonable que alguien crea que puede robar impunemente un televisor o un coche de bebé? Si a los grandes delitos que los funcionarios de todo pelaje han perpetrado no les ha correspondido pena alguna, ¿por qué preocuparse entonces por la comisión de un hecho tan menor?

Para terminar de aguar las esperanzas de quienes creían que los cambios en el Gabinete traerían aparejada una mejor relación con la sociedad, con el mundo y con los mercados, el viernes –como ya ha sucedido en la Cancillería- se produjo la designación de un chico de La Cámpora para ocupar la jefatura de uno de los organismos técnicos para prestigiosos del país, el INTA. Sólo cabe esperar que el peronismo, que aportó los votos necesarios en octubre, se niegue a seguir convalidando la ocupación del Estado por estos niñatos corruptos y espléndidamente rentados, pero incapaces, siquiera, de ganar una elección universitaria.

BsAs, 8 Dic 13

Enrique Guillermo Avogadro ·